En el botón del timbre hay avispas. El pequeño panal prueba que ya nadie llama al portón de estas fincas de 1.200 hectáreas. Nadie pide pisar el suelo que Industrias Infinito, de capital canadiense, pretendía perforar para desarrollar una gran mina de oro a cielo abierto. Esto no es ya aquel proyecto que se alistaba para extraer las reservas estimadas en 1,2 millones de onzas de oro; ahora es solo un territorio más del paisaje natural de la zona norte de Costa Rica, que prefiere mantener escondido el yacimiento dorado, a solo cuatro kilómetros del límite con Nicaragua.
Ya esto no será una planta extractora de oro de 300 hectáreas en mitad de Centroamérica. Dos décadas después de anunciado el proyecto, el Estado costarricense ha cerrado con candados la posibilidad legal de explotar el yacimiento y el conflicto está ahora en instancias internacionales: la compañía canadiense ha presentado este mes una demanda internacional por 94 millones de dólares, por las inversiones hechas en este pueblo abandonado con el nombre de Crucitas, en los bordes del cantón de San Carlos, provincia de Alajuela.
El sonido estrepitoso del timbre rompe con los trinos de las aves a mitad de la tarde, pero nadie atiende en la finca de Industrias Infinito S. A. Hay personas aún cuidando la finca; alguien debe de alimentar los dos perros pastor alemán que levantan las orejas al ver visitas llegar a un portón donde ya nadie llega. Cuesta imaginar razones para visitar una empresa inactiva junto a un caserío de 10 familias de donde muchos prefieren marcharse.
En Crucitas no hay más de diez casas. Hay una escuela y hay hierba en el camino de tierra que, 180 kilómetros después, desemboca en los tribunales de San José donde a finales del 2010 dieron la sentencia final a un proyecto minero de más de 20 años. El nombre de la empresa, por la matriz Infinito Gold Ltd., parece una mala broma. Aquí ya dejaron de venir los defensores ambientalistas que señalaron los riesgos del trasiego de cianuro, los burócratas que emitían los permisos y los altos mandos de Industrias Infinito, que contó en todo momento con el apoyo más o menos discreto del Gobierno de Canadá.
Ahora el caso está en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial. Será en sus oficinas, en Washington, donde los empresarios canadienses y las autoridades costarricenses diriman los saldos económicos de una decisión que acabaron tomando jueces de la República, a contrapelo del apoyo manifiesto que el proyecto minero obtuvo de parte del gobierno de Óscar Arias, quien en 2008 lo declaró “de interés nacional”.
La fuerza de dirigentes comunales, de la opinión pública y de las organizaciones ambientalistas fue tal que llevó a la presidenta Laura Chinchilla a declarar una moratoria a la explotación de minerales a cielo abierto; este fue su primer decreto al asumir apenas el mandato de gobernante, el 8 de mayo de 2010. Seis meses después el Congreso acogió la misma posición y la fijó como ley no retroactiva, lo que permitía a Infinito mantener vivo su proyecto.
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